El Intendente José Luis Dumé, junto a sus funcionarios municipales, brindó una charla informativa y conferencia de prensa de la que participaron vecinos, vecinas, representantes de instituciones y medios de comunicación de la región. Allí se explicó la situación por la que atravesó la semana pasada el Municipio de Oro Verde, un embargo judicial de sus cuentas municipales, debido a un litigio iniciado en 2004. Informaron que la situación fue resuelta luego de un acuerdo entre las partes, pero que el Municipio deberá enfrentar el pago el próximo año. Además, se explayaron en los pasos que siguió el conflicto que lleva una década, por la posesión irregular de terrenos. Asimismo, transmitieron tranquilidad a los oroverdenses acerca de la situación financiera del Municipio; «desde que asumimos en nuestra primera gestión venimos previendo esta situación», resaltó el presidente municipal. Los intendentes vecinalistas de Valle María, Arsenio Ortman; de Cerrito, Orlando Lovera; y Rubén Ordóñez, de Libertador San Martín, estuvieron acompañando a su par de Oro Verde.
El Municipio de Oro Verde vivió una situación inusual durante los últimos días; el 15 de diciembre sufrió el embargo judicial de sus cuentas municipales, que recién fue levantado este martes. El revés judicial es resultado de un litigio iniciado en 2004 por el reclamo de «apropiación indebida» de terrenos. Después de diez años en los que el recurso atravesó diferentes instancias, esta semana se embargaron preventivamente las cuentas municipales.
El intendente José Luis Dumé a lo largo de la charla realizada esta tarde en el Quincho del Polideportivo Municipal, brindó detalles acerca de todos los pasos judiciales que tuvieron lugar hasta llegar al embargo. Además, tranquilizó a los habitantes de Oro Verde; «es una erogación muy importante la que tiene que afrontar el Municipio, y seguramente se verá reflejada en las obras que teníamos planificadas para 2015; pero quiero ser claro en que esto no afectará los servicios, sueldos y ni tendrá como consecuencia un aumento de tasas por encima de lo presupuestado anteriormente».
«Desde la gestión, creemos que es nuestro deber informar acerca de esta situación. Desde que asumimos en 2008 conocíamos el curso de estos litigios y sabíamos que en algún momento el Municipio debería enfrentarse con un fallo de estas características, lo que nos permitió prever las consecuencias y afrontar nuestras obligaciones con mínimos retrasos».
El fallo (de segunda instancia), fija en 775.000 pesos el monto (de capital) que debería abonar el Municipio en concepto de daños y perjuicios; y 666.500 (de capital) en concepto de honorarios profesionales por actuación en las dos instancias, más los intereses al momento del pago. Según estimaciones de las autoridades municipales, el monto que deberá abonarse está por encima de los 2 millones de pesos.
Cronología del juicio
En el año 2000 se aprueba la Ordenanza N° 12/00, para «Perfeccionar títulos cuya posesión ostenta el Municipio», según Ley Provincial 7.017 y Ley Nacional 23.420.
En 2004 comienzan los trámites posesorios sobre el terreno del demandante y otros inmuebles. Allí, comienza el litigio: en abril de 2004, el demandante envía una carta documento por la negación del estado de deuda del terreno. En agosto del mismo año el Municipio constata que existen impuestos pagados en DGR en el último año. Se resuelven las publicaciones oficiales, y en octubre se declara la prescripción adquisitiva del terreno, mediante decreto.
Ya en marzo de 2005, se recibe una nueva carta documento del demandante requiriendo la desafectación del terreno que fue subdividido en seis lotes. En 2006 realiza la primera presentación ante la Justicia por no poder lograr la devolución del terreno, ya que este había sido vendido por el Municipio.
En julio de 2007, el Municipio recibe una carta documente intimando al pago por daños y perjuicios que es rechazada. La Justicia designa un perito al que se le niega información y se lo impugna. Al año siguiente,2008, se interpone la primera demanda judicial que inicia al año siguiente. El Municipio cambia de representantes legales y contesta la demanda.
En abril de 2014, el fallo de Primera Instancia condena al Municipio de Oro Verde al pago de 775.000 pesos por daños y perjuicios y 352.487 pesos de honorarios profesionales.
Sentencia que se apela y queda firme en Segunda Instancia en septiembre de este año. Fija el mismo monto de primera instancia sobre daños y perjuicios, salvo la revocación de lucro cesante que se había pedido. Y regula honorarios por 666.500 pesos por primera y segunda instancia. A lo que se sumarán los intereses al momento del pago.
Actualmente el Municipio realizó una nueva apelación, haciendo hincapié en el monto y fecha de actualización e intereses, y se espera sentencia. Mientras tantos los abogados de la parte querellante solicitaron en diciembre, el embargo preventivo de las cuentas municipales. La Jueza actuante dictó dos oficios al BERSA, uno por 1.025.000 pesos, y otro por 95.200. El primero fue levantado a pedido del Municipio, y el segundo monto fue entregado en concepto de pago.
Fuente: Municipio de Oro Verde
